El grupo jurídico liderado por la abogada Odila Castillo Bonilla publicó un firme pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las acusaciones que han circulado últimamente en diferentes plataformas de comunicación en Panamá.
La defensa describió estas informaciones como ofensivas con intenciones maliciosas, impulsadas por intereses económicos específicos y creadas con el fin de perjudicar tanto la imagen profesional como la vida privada de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que carece de base y que se están vulnerando derechos
Carlos Carrillo, integrante del equipo jurídico de Castillo, afirmó que las acusaciones no tienen sustento y pretenden entorpecer la trayectoria de la joven abogada y su socia. Indicó que tras estas agresiones se encuentran intereses económicos encubiertos que desean sacar provecho del menosprecio hacia Castillo.
La defensa enfatizó que este no es el primer asalto mediático que enfrenta la abogada. Rememoraron un incidente similar que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño divulgó información incorrecta sobre una supuesta arresto de Castillo, noticia que fue rectificada más tarde.
Información parcial y transgresión de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las acusaciones recientes como las de 2021 se fundamentan en «verdades a medias», distorsionadas con el fin de perjudicar la labor profesional de la abogada Odila Castillo. Además, señalaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, puesto que parte de la investigación tiene su origen en un proceso familiar que ya ha concluido.
Asimismo, se hicieron públicos datos sensibles como movimientos migratorios y declaraciones fiscales, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilícita.
Monitoreo ilegal y procedimientos legales en proceso
La defensa informó que Castillo ha sido objeto de seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente infracción a su privacidad y una forma de monitoreo ilegal. Carrillo declaró que se han violado los derechos fundamentales de su clienta, asegurados por la Constitución y las normas panameñas.
Anunció que se tomarán todas las medidas legales requeridas para establecer la responsabilidad por los daños ocasionados y aquellos que se busquen infligir. El equipo jurídico se mantiene decidido en su objetivo de proteger a Castillo y llevar ante la justicia a quienes son responsables de esta campaña de desprestigio.
