Países con las políticas más avanzadas para la responsabilidad social empresarial en la cadena de suministro

La responsabilidad social empresarial ya no depende solo de compromisos voluntarios. En algunos países, las empresas deben informar sobre sus impactos, examinar los riesgos de sus proveedores, prevenir abusos laborales y explicar cómo gobiernan sus decisiones ambientales y sociales.

No existe una clasificación oficial que permita señalar, sin discusión, a los diez países «más avanzados». Las normas cambian, sus obligaciones varían según el tamaño de la empresa y una ley exigente no garantiza buenos resultados. La siguiente selección compara la amplitud de las políticas, sus mecanismos de vigilancia y su capacidad para influir en las prácticas empresariales.

Francia: responsabilidad sobre toda la cadena de valor

Francia destaca por su ley de 2017 sobre el deber de vigilancia. Esta exige a determinadas grandes empresas elaborar y aplicar un plan para identificar y prevenir daños graves a los derechos humanos, la salud, la seguridad y el medioambiente, tanto en sus actividades como en las de ciertos proveedores y subcontratistas.

La ley de 2019 sobre crecimiento y transformación empresarial igualmente facilitó la integración de un fin social en los estatutos y la adopción de la figura de «sociedad con misión». Francia se posiciona como un referente gracias al maridaje entre la prevención de riesgos y la concreción de la misión corporativa, si bien el éxito de cada iniciativa recae en su puesta en marcha y control.

Alemania: obligaciones de diligencia debida para grandes empresas

La ley alemana sobre diligencia debida en las cadenas de suministro entró en vigor en 2023 para empresas que alcanzaban un umbral de 3.000 trabajadores en Alemania; desde 2024, el umbral previsto por la ley se redujo a 1.000. Exige gestionar riesgos relacionados, entre otros asuntos, con el trabajo infantil, el trabajo forzoso y determinados daños ambientales vinculados a vulneraciones de derechos.

Su característica principal radica en que no resulta suficiente con emitir una mera declaración de intenciones; las organizaciones implicadas se ven en la obligación de implementar mecanismos de evaluación, mitigación, reacción y denuncia. Las eventuales modificaciones en las normativas europeas y estatales exigen verificar periódicamente qué deberes continúan aplicándose.

Noruega: transparencia que puede exigir cualquier persona

La ley noruega de transparencia, en vigor desde el año 2022, exige a las entidades sujetas a su normativa que examinen los riesgos asociados a los derechos humanos y al bienestar laboral dentro de sus procesos productivos y redes de abastecimiento. Asimismo, estas organizaciones se encuentran obligadas a divulgar los resultados de dichos análisis.

Una característica especialmente relevante es el derecho del público a solicitar información sobre cómo una empresa aborda esos riesgos. Así, organizaciones sociales, consumidores y periodistas pueden formular preguntas concretas, más allá de leer informes generales. Noruega también ha utilizado criterios de inversión responsable en la gestión de su fondo soberano, aunque esos criterios no sustituyen las obligaciones propias de las empresas.

Dinamarca: información empresarial y objetivos climáticos

Dinamarca fue pionera al exigir a determinadas grandes empresas que informaran sobre sus políticas de responsabilidad social, sus resultados y, cuando correspondiera, la ausencia de tales políticas. Esta trayectoria favoreció que los asuntos sociales y ambientales pasaran a formar parte de la gestión ordinaria y de la rendición de cuentas.

Su ley climática establece asimismo un recorte nacional de emisiones del 70 % para 2030 en comparación con 1990. Dicho objetivo no constituye, por sí mismo, una exigencia idéntica para cada empresa, aunque guía la normativa y las decisiones financieras. Al formar parte de la Unión Europea, Dinamarca toma parte también en el sistema europeo de reporte corporativo en materia de sostenibilidad.

Suecia: sostenibilidad integrada en la gestión

Suecia combina exigencias de información no financiera con una larga atención pública a las condiciones de trabajo, la igualdad y el medioambiente. Las empresas comprendidas en sus normas de divulgación deben explicar sus políticas y riesgos relevantes, en lugar de limitarse a presentar iniciativas benéficas aisladas.

El propósito nacional de lograr cero emisiones netas para el año 2045, junto con la aplicación de criterios sostenibles en la contratación pública y las corporaciones estatales, afianza dicha dirección. Sin embargo, resulta oportuno diferenciar el objetivo climático de una nación frente a los logros comprobables de una compañía en particular.

Finlandia: coherencia entre clima, gobernanza e información

Finlandia ha establecido como objetivo nacional la neutralidad climática para 2035. Su política empresarial se apoya además en las reglas europeas de divulgación y en una cultura institucional que favorece la transparencia y la supervisión.

Su fortaleza reside en conectar planificación pública y decisiones privadas: las empresas deben prepararse para explicar cómo identifican sus impactos y riesgos materiales cuando les resultan aplicables las obligaciones de información. El principal desafío es convertir los objetivos y los informes en reducciones comprobables de emisiones y mejoras sociales.

Países Bajos: valor a largo plazo y control de la gobernanza

El modelo de los Países Bajos otorga una relevancia primordial a la generación de valor sostenible a lo largo del tiempo. Las directrices de su código de buen gobierno exigen a las compañías sujetas a esta normativa que evalúen de qué manera sus determinaciones impactan en la continuidad de la corporación y de su ecosistema próximo.

También existen directrices destinadas a potenciar la paridad de género dentro de los órganos directivos de ciertas empresas. En sintonía con las normativas comunitarias vigentes, tales disposiciones impulsan la integración de cuestiones sociales y medioambientales en la agenda del consejo de administración. No obstante, su alcance presenta una frontera nítida: una sólida arquitectura corporativa no garantiza, por sí sola, la prevención de perjuicios a lo largo de la cadena de suministro.

España: información no financiera, igualdad y contratación pública

La ley española de 2018 sobre información no financiera reforzó la obligación de determinadas empresas de divulgar cuestiones ambientales, sociales, laborales, de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. Las exigencias dependen de criterios legales de tamaño y otras condiciones: no afectan de la misma forma a todas las sociedades.

España cuenta además con planes de igualdad obligatorios para empresas que alcanzan el umbral legal, medidas de protección de quienes comunican infracciones y normas que permiten integrar criterios sociales y ambientales en la contratación pública. Por ejemplo, una licitación puede valorar medidas vinculadas al objeto del contrato, siempre que respete las reglas de competencia y proporcionalidad.

Reino Unido: transparencia sobre esclavitud moderna y riesgos climáticos

La ley británica de 2015 sobre esclavitud moderna exige a determinadas organizaciones publicar una declaración anual sobre las medidas adoptadas para abordar la esclavitud y la trata en sus actividades y cadenas de suministro. El país también ha desarrollado obligaciones de información climática para ciertos tipos de empresas.

Su trayectoria refleja tanto la utilidad como la frontera de la apertura informativa: difundir un comunicado posibilita auditar las promesas corporativas, si bien no garantiza que se hayan detectado todas las irregularidades ni subsanado por completo. La solidez de las auditorías y de las acciones subsiguientes resulta fundamental.

Canadá: atención creciente al trabajo forzoso e infantil

Desde 2024, la legislación federal canadiense exige a determinadas empresas y entidades públicas informar anualmente sobre las medidas adoptadas para reducir el riesgo de trabajo forzoso y trabajo infantil en sus cadenas de suministro. Canadá también cuenta con obligaciones federales de equidad salarial en los sectores comprendidos por la normativa.

Su integración atiende tanto al radio de acción de estas directrices como a su capacidad para optimizar el control de los suministradores. Pese a ello, el deber de comunicar una amenaza no se traduce, por sí solo, en un mandato general para su supresión a lo largo de la red de valor: dicha distinción cobra relevancia al contrastar diferentes naciones.

El siguiente cuadro resume el instrumento principal de cada país y el rasgo que lo distingue.

¿Qué convierte una política en verdaderamente avanzada?

Más allá de la posición de cada país, las políticas más sólidas suelen reunir varios elementos:

• Prevención: anticiparse a los peligros antes de que causen perjuicios.
• Responsabilidad en la cadena de suministro: fiscalizar igualmente los vínculos comerciales y no limitarse a los espacios de trabajo propios.
• Información útil: divulgar los riesgos, las acciones adoptadas y los resultados con el nivel de detalle necesario para su análisis.
• Vías de reclamación: habilitar canales para que los perjudicados denuncien incidencias y reciban contestación.
• Supervisión: verificar el acatamiento de las normas y enmendar los procedimientos inadecuados.

Diez naciones diferentes evidencian diversos senderos hacia una corporación más consciente: unas se centran en la debida diligencia, mientras que otras apuestan por la apertura, la paridad o el buen gobierno. El examen definitivo no radica en el volumen de promesas proclamadas, sino en la capacidad de los reglamentos para identificar perjuicios, atender las demandas de los afectados y generar avances contrastables.