Más de un centenar de excarcelaciones recientes en Venezuela han reavivado el debate sobre la situación de los presos políticos, las condiciones reales de su liberación y el alcance efectivo de estas medidas. Lo que el Gobierno presenta como gestos de apertura es observado con cautela por organizaciones civiles, familiares y la comunidad internacional.
Las excarcelaciones en Venezuela y las dudas que persisten
En los últimos días, el Gobierno venezolano ha informado la liberación de más de cien personas que permanecían privadas de libertad. Sin embargo, este anuncio ha estado acompañado de un silencio institucional significativo: no se han divulgado listas oficiales con los nombres de los excarcelados ni se ha precisado en qué centros de detención se encontraban recluidos. La información disponible hasta ahora ha sido reconstruida principalmente por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, que han seguido de cerca cada caso.
A la limitada transparencia se añade un factor igualmente decisivo: no se han ofrecido precisiones sobre la situación jurídica en la que permanecen quienes recuperaron la libertad. No queda claro si enfrentan absoluciones, sobreseimientos o disposiciones temporales, lo que deja a las personas liberadas inmersas en un panorama legal incierto. Esta falta de definición contribuye a entender por qué la mayoría ha preferido no brindar declaraciones públicas acerca de lo vivido, sobre todo dentro del país, donde continúan los temores vinculados al aparato de seguridad estatal.
Liberaciones condicionadas y procesos judiciales abiertos
Diversas organizaciones civiles han señalado que las recientes excarcelaciones no garantizan por sí mismas la conclusión de los procesos judiciales, y defensores de derechos humanos apuntan que se trataría de liberaciones sujetas a condiciones particulares, lo que deja abierto el riesgo de que las personas puedan ser detenidas nuevamente; en varios casos, además, se ha pedido que los nombres de quienes fueron liberados no se hagan públicos como medida adicional de resguardo.
Desde estas organizaciones se remarca que la condición de “preso político” no desaparece de forma automática al abandonar la cárcel, especialmente cuando los procesos judiciales continúan abiertos. La figura de las medidas cautelares que sustituyen la privación de libertad ha sido descrita como un recurso habitual que posibilita al Estado conservar cierto control sobre quienes han sido excarcelados sin requerir su permanencia entre rejas.
Un ejemplo que refleja esta realidad es el caso de la activista venezolana-española Rocío San Miguel. Según han señalado sus familiares, su salida de prisión no supone una libertad total, sino que forma parte de una medida judicial sustitutiva dentro de un proceso aún abierto. Entre las condiciones fijadas se encuentra la prohibición de ofrecer declaraciones públicas, una limitación que restringe su posibilidad de denunciar o detallar su situación.
Restricciones, controles y silencios forzados
El Ministerio del Servicio Penitenciario indicó que quienes fueron liberados estarían relacionados con acciones consideradas amenazas para el orden constitucional y la estabilidad del país, aunque hasta ahora no se han detallado oficialmente las condiciones específicas asociadas a estas excarcelaciones. Las consultas elevadas por medios internacionales a las autoridades venezolanas continúan sin obtener respuesta.
Testimonios de familiares de excarcelados a finales de diciembre revelan un patrón de restricciones que se repite. Entre las medidas cautelares más comunes se encuentran la prohibición de salir del país, la imposibilidad de conceder entrevistas o emitir opiniones en redes sociales, así como la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales. En algunos casos, también se ha impuesto la prohibición de comunicarse entre sí, una disposición que limita la organización colectiva y el intercambio de información entre antiguos detenidos.
Organizaciones como Foro Penal han podido corroborar un volumen de liberaciones muy inferior al reportado por el Gobierno; hasta una de las últimas revisiones apenas se habían constatado algo más de medio centenar de casos, una cantidad que no alcanza ni siquiera la mitad de lo comunicado oficialmente y que representa solo una pequeña porción del conjunto de presos políticos que dichas organizaciones registran en el país.
Voces desde el exterior: los testimonios que sí se conocen
A pesar de que dentro de Venezuela suele imperar un marcado hermetismo, algunos liberados de origen extranjero que consiguieron abandonar el país han narrado sus vivencias al llegar al exterior, y sus testimonios han revelado aspectos sobre las condiciones de su encierro y las secuelas emocionales derivadas de una detención prolongada.
Uno de los testimonios más difundidos es el del empresario italiano Mario Burlò, quien fue detenido a finales de 2024 y regresó recientemente a Italia. Burlò relató que durante su detención temió por su vida y que su caso fue percibido por su familia como una desaparición prolongada. Según sus declaraciones, fue acusado de delitos graves como terrorismo y conspiración, cargos de los que posteriormente fue absuelto.
En cuanto a las condiciones de reclusión, relató que estuvo sometido a un encierro estricto, con acceso muy restringido al patio y una higiene sumamente deficiente; si bien afirmó no haber padecido agresiones físicas directas, subrayó que el prolongado aislamiento y la falta de contacto con su familia durante casi un año le generaron un desgaste psicológico que describió como profundamente devastador.
Otro caso es el de Alberto Trentini, trabajador humanitario detenido en noviembre de 2024. A su llegada a Italia, expresó alivio por recuperar la libertad, pero también subrayó que el costo emocional de más de un año de detención es difícil de superar. En un mensaje transmitido por su defensa legal, Trentini habló de la necesidad de tiempo y tranquilidad para procesar el sufrimiento vivido, al tiempo que recordó a quienes aún permanecen detenidos en Venezuela.
Un panorama dominado por la incertidumbre
Las excarcelaciones recientes, lejos de cerrar un capítulo, han abierto nuevos interrogantes sobre la situación de los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela. La falta de información oficial detallada, sumada a las restricciones impuestas a los liberados, refuerza la percepción de que se trata de medidas parciales y reversibles, más que de soluciones definitivas.
Mientras tanto, diversas organizaciones civiles siguen registrando nuevos casos, contrastando datos y brindando apoyo a las familias de las personas detenidas, mientras que la comunidad internacional sigue de cerca un proceso que mezcla aparentes señales de apertura con prácticas que conservan un notable nivel de control y opacidad.
En este contexto, los testimonios que logran salir a la luz desde el exterior se convierten en piezas clave para comprender lo que ocurre puertas adentro de los centros de detención venezolanos. Son relatos que no solo hablan de experiencias individuales, sino que reflejan un panorama más amplio de incertidumbre, temor y expectativas contenidas, tanto para quienes han sido excarcelados como para quienes aún esperan recuperar su libertad.
